Cuando el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) hace sonar una alarma sanitaria con cifras que superan lo previsible, la primera pregunta que debe hacerse el analista no es qué está pasando, sino qué se está dejando de hacer. El dato es contundente y no admite matices: los casos de sífilis en el país se incrementaron un 20,5% en un solo período, superando la escalofriante cifra de 36.000 casos reportados. Este no es un problema de una enfermedad exótica, sino de una infección que tiene cura simple y de bajo costo desde hace décadas. El fracaso, por lo tanto, no es médico, sino de gestión de la salud pública.
El contexto es lo que define la crisis. La mayor carga de esta enfermedad no se encuentra distribuida equitativamente, sino concentrada demográficamente. El 76% del total de casos recae en la población joven y adulta joven, en el rango de edad desde los 15 hasta los 39 años. Si la sífilis, que es fácilmente detectable y tratable, se dispara en este sector, estamos frente a una falla sistémica en el acceso a la información, a la prevención o al diagnóstico de primer nivel. Las organizaciones civiles ya han puesto el dedo en la llaga, denunciando que este repunte se da en un marco de desfinanciamiento sanitario y en un riesgo latente de desproteger a los más vulnerables contra las infecciones de transmisión sexual (ITS).
El discurso oficial y sanitario atribuye la causa fundamental de este repunte, que es global, a la disminución en el uso del preservativo. Si bien el preservativo es la principal herramienta de barrera preventiva—y su abandono es un factor innegable—, esta simplificación corre el riesgo de convertir un problema de política pública en un mero problema de comportamiento individual.
El análisis debe ir más allá: ¿Por qué hay menos uso del preservativo? ¿Es solo desidia o hay un componente de inaccesibilidad económica, desinformación sostenida o una retirada estratégica del Estado en las campañas masivas que sí existían en el pasado? Las denuncias de ajuste económico que afectan a los sectores vulnerables sugieren que la escasez en el acceso gratuito a métodos de prevención podría ser un factor tan relevante como el cambio de conducta. En la Provincia de Buenos Aires (PBA), el crecimiento de los casos totales de ITS ya fue un indicador temprano de fragilidad, con un aumento del 15 por ciento en el último año.
Esta crisis de cifras revela una herida abierta en la gestión preventiva, especialmente si se observan los precedentes. Ya en agosto de 2018, la cartera sanitaria bonaerense había lanzado una “Estrategia de Intervención para la Prevención de la Sífilis Materna y Congénita”. ¿Cuál era el objetivo de esta estrategia? Detectar y tratar los casos en el primer nivel de atención, planificando la realización de testeos rápidos a embarazadas y a sus parejas.
La decisión de priorizar el primer nivel de atención y el testeo rápido era correcta. El plan comenzó en Quilmes y se anunció su réplica paulatina en Florencio Varela, Escobar, y luego en otros municipios del conurbano y la provincia. El hecho de que la sífilis haya crecido de manera tan dramática cinco años después sugiere que esta estrategia, aunque bien intencionada, o bien se desfinanció, se desaceleró o fracasó en su implementación masiva. La presencia en aquel lanzamiento de 2018 de autoridades provinciales, regionales y municipales, así como de representantes de organismos clave como ONUSIDA y la dirección nacional de Sida y ETS, indica que la gravedad del problema era conocida por la mesa chica de la salud pública argentina.
El cálculo político de las autoridades debe sopesar un factor que excede la estadística individual: la sífilis congénita. Esta es la manifestación más cruel del fracaso preventivo, ya que la infección se transmite de la mujer gestante al feto, pudiendo ocurrir en cualquier momento del embarazo y resultando en elevadas tasas de morbimortalidad perinatal e infantil.
Cuando una ITS curable causa daños irreparables a recién nacidos, la responsabilidad no puede atribuirse solo al individuo; el sistema sanitario ha fallado en detectar y tratar a tiempo, especialmente cuando se cuenta con la herramienta simple del testeo rápido.
El análisis, por lo tanto, se vuelve binario: o el gobierno no pudo sostener en el tiempo la política de testeo rápido iniciada en 2018, o las denuncias de desfinanciamiento son tan severas que han debilitado la cadena de suministro de insumos esenciales (preservativos, reactivos de test) en el primer nivel de atención.
Frente a la crisis de gestión y la urgencia de testeo, la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a través de su Coordinación de Salud Sexual, VIH e ITS, exhibe una extensa red de centros disponibles para la realización de Test rápido de VIH y Test rápido de sífilis. Esta infraestructura capilar es un recurso vital en medio de la crisis, ya que el testeo rápido es la única manera de cortar la cadena de transmisión de manera eficiente.
La existencia de esta red es, en sí misma, una respuesta parcial a la crisis, aunque revela una disparidad territorial. La disponibilidad de un mapa tan detallado de recursos en CABA contrasta con la preocupación reportada en PBA, donde los casos totales de ITS crecieron un 15%.
Los vecinos de CABA pueden acceder a este diagnóstico rápido en la mayoría de los Centros de Salud Nivel 1 (CeSACs) distribuidos por toda la ciudad. A continuación, se detalla la red de testeo verificable, un punto de anclaje de la salud pública en la capital:
I. Centros de Salud Nivel 1 (CeSACs) con Testeo Rápido de VIH y Sífilis:
II. Organizaciones de la Sociedad Civil y Centros Especializados:
III. Hospitales de Agudos e Infecciosas:
La existencia de esta infraestructura en CABA, disponible y actualizada a septiembre de 2024, contrasta fuertemente con la tendencia al alza a nivel nacional y provincial. El problema no es la capacidad de testeo en el ámbito metropolitano, sino la efectividad de las campañas que dirigen a la población, especialmente a los jóvenes (15 a 39 años), hacia estos centros.
La omisión más significativa en el debate público es la conexión directa entre el ajuste económico y el riesgo sanitario. Las autoridades prefieren centrar el foco en el comportamiento individual (el uso del preservativo). Sin embargo, el encuadre de la crisis como una consecuencia directa del desfinanciamiento sanitario es crucial, ya que un test de sífilis positivo solo tiene impacto si es seguido por un tratamiento rápido y eficaz, y si la infraestructura que lo detecta se mantiene robusta.
Lo que no se dice es que la prevención de sífilis, al ser una tarea de salud sexual y reproductiva, requiere de una inversión sostenida que va más allá de un anuncio puntual. La “Estrategia de Intervención” de PBA lanzada en 2018 para Quilmes, Florencio Varela y Escobar, probablemente se diluyó en los cambios de gestión y las prioridades presupuestarias. Ese es el costo oculto: la interrupción de políticas sanitarias territoriales de largo plazo.
Cuando se anuncian más de 36.000 casos, se está seleccionando un ganador invisible: la inercia política. Al culpar al comportamiento sexual, se exime a la gestión de la responsabilidad de asegurar que los insumos de prevención y detección lleguen a todos los rincones, un mandato claro para el primer nivel de atención.
La crisis de la sífilis, con su crecimiento del 20,5%, obliga a monitorear dos variables esenciales. Primero, la respuesta del sistema de salud ante las denuncias de desfinanciamiento: ¿se traducirán estas alarmas en una reasignación presupuestaria prioritaria para la salud sexual? Segundo, la evolución de los casos de sífilis congénita, que actúan como el indicador más sensible de la fragilidad del control prenatal y la atención primaria. Si esta cifra también se dispara, el diagnóstico será inequívoco: el sistema no está logrando proteger a su población más vulnerable, a pesar de la disponibilidad teórica de centros de testeo en ciudades como CABA.
El desafío para los decisores políticos es transformar un dato alarmante en una política de Estado sostenible, y no solo en una estadística para un boletín. Mientras tanto, el ciudadano informado debe ejercer la autodefensa sanitaria: conocer los centros de testeo y utilizarlos. La política puede ser lenta, pero la infección avanza rápido.
La realidad de la prevención en salud pública es como un dique. Si las grietas estructurales—el desfinanciamiento y la falta de campañas masivas—se ignoran por enfocarse únicamente en el flujo del agua (el comportamiento individual), el dique eventualmente colapsará, dejando a la población más joven expuesta a riesgos que, en 2025, deberían ser completamente evitables.
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