¿Cómo se explica que, mientras el bolsillo de los argentinos se siente cada vez más flaco, las planillas oficiales del INDEC dibujen un país en plena primavera? Cuando un gobierno utiliza los datos públicos no como un diagnóstico, sino como una herramienta de validación política, es momento de empezar a leer entre líneas. La reciente batería de cuestionamientos metodológicos al instituto nacional abre una pregunta incómoda: ¿Estamos ante una mejora del bienestar o ante una sofisticada cirugía estética de los indicadores?.
El anuncio de que a partir de enero de 2026 se cambiará la forma de medir la inflación y la pobreza suena, en principio, a una actualización técnica necesaria. Pero el diablo está en los detalles: estas correcciones no serán retroactivas. Es decir, el gobierno pretende “blanquear” la metodología hacia adelante para no pagar el costo político del salto de precios y la caída de actividad que ya ocurrieron.
La brecha oculta: 38 puntos de inflación “perdidos”
El dato más inquietante surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El INDEC sigue midiendo el costo de vida con una canasta de consumo de hace dos décadas (2004/2005), ignorando deliberadamente que hoy los argentinos gastan mucho más en servicios y transporte debido a los fuertes tarifazos.
Si se aplicara la encuesta de gastos más reciente (2017/2018), que el instituto ya tiene en su poder pero se niega a usar, la realidad sería otra: la inflación acumulada desde que asumió Javier Milei sería 38,7 puntos porcentuales superior a la informada oficialmente. Mientras el gobierno celebra un 249,5% acumulado a noviembre de 2025, la metodología actualizada arrojaría un escalofriante 288,2%. No es un error de redondeo; es una decisión política de postergar la verdad para sostener el relato de la “inflación a la baja”.
El “milagro” de los salarios informales
Otro punto que despierta sospechas es el supuesto crecimiento del 27,2% en términos reales de los salarios no registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. Este indicador, que se desacopló por completo del resto de los trabajadores, no responde a un súbito aumento de la generosidad patronal en el sector informal.
Lo que realmente sucedió es un cambio en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El INDEC incorporó nuevas preguntas que ahora captan con mayor precisión ingresos no laborales que antes se subestimaban, como la Tarjeta Alimentar, el programa Progresar o pensiones no contributivas. Al registrar dinero que la gente ya percibía pero que la encuesta no veía, los ingresos “subieron” en el papel, pero no en el mostrador del almacén. Esta “mejora estadística” tiene un objetivo secundario muy claro: hacer caer la cifra de pobreza de forma artificial, al mostrar hogares con ingresos más altos sin que haya habido una mejora real en su situación económica.
Pobreza y servicios: El coeficiente del engaño
La medición de la pobreza también está bajo la lupa por la subestimación de los servicios. Para calcular la línea de pobreza, el INDEC utiliza el llamado “Coeficiente de Engel”, que asume que el gasto en alimentos mantiene una relación fija con el resto de los gastos. Sin embargo, ese cálculo no captura el impacto real de los aumentos del 500% en la luz o el gas.
En la práctica, esto significa que la Canasta Básica Total (CBT) queda en un nivel artificialmente bajo, permitiendo que muchas familias figuren “fuera de la pobreza” cuando, en realidad, no llegan a pagar las facturas del mes. Es una trampa numérica: si se ajustara el peso de los servicios a la realidad actual, los indicadores de pobreza serían significativamente más altos.
El fin de las estadísticas de turismo: Si el dato es malo, se corta el chorro
La ruptura institucional entre el INDEC y la Secretaría de Turismo, comandada por Daniel Scioli, es quizás el ejemplo más crudo de esta dinámica. Tras cuestionar públicamente los resultados desfavorables del sector, la Secretaría decidió no renovar el financiamiento para las encuestas de turismo internacional y ocupación hotelera.
Lo que se intenta ocultar es un rojo comercial masivo. En 2024, la balanza turística acumuló un saldo negativo de 7.987 millones de dólares, el déficit más elevado desde la crisis de 2018. Además, el sector hotelero perdió aproximadamente 450 empresas y más de 7.000 puestos de trabajo registrados bajo la actual gestión. Ante la mala noticia, la respuesta oficial fue el silencio estadístico.
¿Recuperación o rebote técnico?
Finalmente, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre de 2025 mostró un repunte que el gobierno usó para afirmar que la recesión terminó. Pero al desglosar los números, se ve que el crecimiento se explica casi exclusivamente por dos factores:
- Intermediación Financiera: Inflada por el spread de tasas en un contexto de tensión cambiaria, que no refleja actividad en la economía real.
- Impuestos netos de subsidios: Paradójicamente, el rubro que más hizo “crecer” la actividad fue el aumento de la carga impositiva y la quita de subsidios a los servicios.
Si se quitan estos dos componentes distorsivos, la actividad económica a septiembre de 2025 está exactamente en el mismo nivel que en noviembre de 2023. No hay repunte; hay estancamiento camuflado por la quita de subsidios energéticos.
Lo que no se dice
Lo que falta deliberadamente en la narrativa oficial es que el INDEC está operando con un desfinanciamiento que condiciona su autonomía técnica. El riesgo es que la producción de estadísticas oficiales quede subordinada a la aceptación política de sus resultados, rompiendo una confianza institucional que costó años reconstruir tras la intervención del año 2007.
¿Hacia dónde vamos? Habrá que monitorear de cerca la implementación de la nueva metodología en enero de 2026. Si el gobierno no corrige las series hacia atrás, la historia económica de estos dos años quedará escrita con un termómetro que, por diseño, siempre marcó menos temperatura de la que realmente hacía en la calle.
La estadística, al igual que la política, es el arte de lo posible; el problema es cuando se convierte en el arte de lo invisible.
