El proceso de recuperación del espacio público en el barrio de Once, que ya cumple 18 meses de controles sostenidos, junto al reciente megaoperativo en la zona comercial de Flores con más de 500 efectivos, consolida una política de gestión basada en el ordenamiento territorial y el fin de la venta ilegal callejera,. Esta estrategia, que el Gobierno porteño define como el fin de la “Ciudad del caos”, busca transformar zonas históricamente conflictivas en lugares seguros para circular y trabajar, aunque despierta interrogantes sobre el impacto social y la criminalización de los sectores más vulnerables,.
El despliegue territorial: de Once a Flores
La intervención en Once no fue un hecho aislado, sino parte de un plan que ya suma 13 operativos de gran escala y el ordenamiento de más de 600 cuadras en distintos puntos de la Capital. Según fuentes oficiales, la decisión política de sostener controles diarios en Once permitió que el barrio volviera a ser un lugar de convivencia y tranquilidad, eliminando una venta ilegal que afectaba tanto a vecinos como a comerciantes,. En esta línea, el reciente operativo en Flores —con 49 allanamientos simultáneos— atacó la logística detrás de la mercadería, desmantelando depósitos ocultos en locales y departamentos que abastecían a los manteros,.
Este accionar responde a una demanda histórica del comercio establecido. Tal como se refleja en testimonios del sector, los comerciantes denuncian una situación de “inferioridad de condiciones” frente a quienes no pagan impuestos ni alquileres, vendiendo en muchas ocasiones el mismo producto en la puerta del local,. Sin embargo, la magnitud de los cortes de tránsito en avenidas neurálgicas como Nazca y Avellaneda durante los operativos evidencia la complejidad de intervenir en estos centros de trasbordo, que no solo abastecen a la ciudad sino a gran parte del conurbano y el interior del país,.
La “Cercanía” como herramienta de regulación moral
La legitimación de estas políticas se construye en gran medida a través de las Reuniones de Vecinos. Estos encuentros itinerantes, donde el Jefe de Gobierno dialoga directamente con los residentes en clubes o centros culturales, funcionan como dispositivos de “regulación moral”,. En barrios como Almagro o Villa Devoto, se definen las formas aceptables de ciudadanía y se consolida la figura del “vecino” como el interlocutor legítimo que demanda seguridad y respeto por la propiedad privada,,.
En estas charlas, se refuerza el foco en la “gestión” y el “hacer” por encima de las discusiones ideológicas. Según investigaciones etnográficas sobre estas reuniones, el agradecimiento del auditorio ante la expulsión de manteros opera como una fuente de legitimación política,. El Gobierno utiliza términos como “mejorar la Ciudad” para presentar sus intervenciones como soluciones de sentido común, ocluyendo los conflictos de intereses existentes entre el derecho al uso del espacio público y la necesidad de subsistencia de quienes son excluidos del sistema formal,.
Perspectivas y deuda pendiente
El éxito aparente en la liberación de veredas en Once y Flores plantea un desafío a futuro: la sostenibilidad del control sin abordar las causas de la informalidad. Si bien el Código Contravencional porteño permite la venta ambulante por mera necesidad pero no contempla la figura del mantero con mercadería falsificada, se produce un vacío que requiere soluciones integrales del Estado.
La mirada a futuro sugiere que, mientras la política criminal siga enfocada en el control territorial y la sanción del último eslabón, la problemática social simplemente se desplazará de un barrio a otro. El desafío de la gestión será equilibrar la legítima demanda de orden de los vecinos con políticas de inclusión que eviten que el espacio público sea el único escenario de una batalla por la supervivencia diaria.
