Vecinos y activistas que impulsan la campaña “Salven a los Ombúes” hicieron pública una imagen proyectada del edificio de vivienda social que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) planea construir en el Lote 18, un terreno que actualmente alberga una arboleda de ombúes y es utilizado como espacio verde.
La organización cuestionó duramente la decisión del IVC, alegando que se está generando un “conflicto que no tenían” al enfrentar las necesidades de vivienda social con la conservación de un área natural que “está bien y funciona”.
El Corazón de la Controversia
El eje del reclamo radica en la falta de justificación para destruir el espacio. Según los vecinos, en un proyecto de esta envergadura, “la incidencia del valor del terreno no hace la diferencia”, sugiriendo que el IVC posee otras alternativas de emplazamiento para la obra.
El argumento oficial que sostiene el proyecto es que el terreno en cuestión “es su terreno” y la construcción de vivienda social en ese lugar forma parte de la “misión y función” del Instituto.
Sin embargo, los activistas recordaron un precedente en el mismo barrio que, a su juicio, contradice la inamovilidad del IVC respecto a sus propiedades: el caso de los terrenos restantes de Casa Amarilla. “También eran ‘sus terrenos’ lo que quedaba de Casa Amarilla y encontraron la manera de desafectarlos para que el Club Boca Jr. pudiera comprarlos”, afirmaron, señalando que la transferencia a la Corporación del Sur y la posterior venta demuestran que el gobierno “tiene las herramientas” para reubicar proyectos.
Incumplimiento de la Ley 2240
La denuncia escaló al ámbito legislativo, pues los vecinos señalaron que el proyecto ignora el espíritu de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca (Ley 2240).
Esta ley fue creada originalmente para defender los terrenos de Casa Amarilla y asegurar que compensaran las áreas zonificadas como Urbanización Parque ya vendidas (al Club y a la Armada). El objetivo era invertir en la recuperación de la trama urbana de La Boca, integrando a nuevos vecinos en viviendas que respetaran la identidad del barrio.
“Esto no se está cumpliendo”, sentenciaron los activistas, quienes seguirán insistiendo para que el gobierno “reconsidere el lugar de emplazamiento del edificio y dejen de pensar que la solución es enfrentar necesidades”. Concluyeron llamando a la ciudadanía a firmar una petición para detener la obra y encontrar una solución que preserve el espacio verde.
