En una sesión marcada por el debate sobre la reactivación económica y la modernización del Estado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves un paquete de medidas que redefine la carga tributaria para los sectores productivos y establece nuevas pautas para el consumo energético y las compras públicas. Con el voto mayoritario de los bloques oficialistas y aliados, el cuerpo parlamentario sancionó reducciones en las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos, buscando posicionar a la Capital con la presión fiscal más baja del país para el agro, la industria y la construcción.
Alivio fiscal para la producción
El eje central de la jornada legislativa giró en torno a la modificación de las alícuotas de Ingresos Brutos, una medida que impacta directamente en la estructura de costos de miles de empresas. Según lo explicado durante el debate por Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto, la intención es que la Ciudad cuente con “las alícuotas más bajas del país” para fomentar la competitividad.
En detalle, la actividad de Producción Primaria y Minera —que incluye agricultura, ganadería y silvicultura— dejará de estar gravada con el 0,75% para pasar a una alícuota del cero por ciento. Esta decisión beneficia a casi 8.000 empresas a nivel nacional, de las cuales 72 tienen base en territorio porteño. Por su parte, la industria manufacturera, que abarca desde la producción de alimentos y fármacos hasta la siderurgia, verá una reducción del 1,5% al 1%, afectando a más de 4.500 establecimientos locales. En el rubro de la construcción y servicios vinculados, la tasa descenderá del 2,5% al 2%, alcanzando a más de 4.000 contribuyentes en el ámbito de la Ciudad.
Esta reforma tributaria tiene un costo fiscal estimado en $38.000 millones anuales por la pérdida de recaudación, una cifra que el Gobierno porteño asume como inversión para dinamizar los sectores que generan empleo genuino. La norma fue acompañada por los bloques de VJ, UCR, RU y LLA, mientras que el Frente de Todos y el Frente de Izquierda manifestaron su oposición durante la votación.
Reconocimiento a veteranos y compromiso ambiental
Más allá de los incentivos económicos generales, la Legislatura también puso el foco en reparaciones históricas y sostenibilidad ambiental. Por un lado, se aprobó la exención del pago de patentes para ex combatientes y héroes de la Guerra de Malvinas que participaron en acciones bélicas en el TOM y el TOAS entre abril y junio de 1982. Este beneficio, impulsado originalmente por la legisladora Magdalena Tiesso, se limita a un solo vehículo por beneficiario y está sujeto a los topes de valuación fiscal que fije anualmente la Ley Tarifaria.
En materia ecológica, la Ciudad dio un paso hacia la descarbonización con una nueva ley que regula el uso de energías renovables en todas las dependencias públicas, incluyendo ministerios y entes autárquicos. La normativa, autoría de Natalia Fidel, busca reducir gradualmente la huella de carbono mediante la instalación de equipos solares, eólicos y de biomasa en edificios oficiales, permitiendo incluso la inyección de excedentes a la red eléctrica general.
Contrataciones con enfoque social
La modernización del Estado porteño también alcanzó a la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 2095). La modificación aprobada incorpora criterios de “sustentabilidad social”, priorizando a proveedores que apliquen políticas de género y de inclusión para personas con discapacidad y adultos mayores. Según los fundamentos de la ley, el objetivo es potenciar el rol de las mujeres en el mercado y utilizar el poder de compra del Estado como una herramienta de desarrollo económico para disminuir las brechas de desigualdad.
Finalmente, la sesión incluyó cambios en la composición del cuerpo tras la renuncia de la diputada Mercedes De Mendieta, del Frente de Izquierda. En su reemplazo, prestó juramento Vanesa Giselle Gagliardi, quien completará el mandato correspondiente a esa banca. Con este conjunto de leyes, la Ciudad busca equilibrar una agenda de alivio impositivo inmediato con metas de sostenibilidad y equidad social a largo plazo, configurando un nuevo escenario para el vecino y el sector productivo local.
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