Cuando el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sale a agradecer a “distintos bloques que lo acompañaron” tras la aprobación del Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires, y asegura que logró un “equilibrio” que “baja la presión impositiva”, lo que realmente está haciendo es descodificar una compleja y calculada arquitectura política. El documento, aprobado a las 8:30 de la mañana con 38 votos afirmativos y 21 negativos, es mucho más que una hoja de cálculo de $17 billones 347 mil millones; es la matriz de financiación para la obra de infraestructura más ambiciosa de la última década: el inicio de la Línea F de subte.
El gran desafío del análisis no reside en la magnitud de los números, sino en la contradicción inherente al mensaje oficial. ¿Cómo se cuadruplica la inversión en movilidad y transporte con respecto a 2023—una maniobra de gran capital político— mientras se afirma simultáneamente que se respeta el equilibrio fiscal y se reduce la presión tributaria? La respuesta, siempre, se encuentra en la letra chica del esquema tributario: la segmentación del costo, la protección estratégica de la mayoría electoral y la imposición de una carga constante, por encima de la inflación, sobre la minoría de propietarios con mayor valor fiscal. Este presupuesto no es un mero plan de gastos; es un mapa de ganadores y financistas.
El gobierno porteño articula su gestión en torno a cinco ejes estratégicos, pero el presupuesto revela dónde se concentran las apuestas fuertes. Si bien la mayor parte del gasto (61.7%) se dirige a las áreas de “Cuidado” y “Metro Cuadrado” —Educación (20%), Salud (16.5%), Seguridad (15%) y Promoción Social (9.3%)—, el verdadero cambio de paradigma reside en la Inversión en Obra Pública.
La inversión en Obra Pública aumenta al 20% del total, superando el promedio de los últimos años (16%). Dentro de esta reorientación, la función Transporte pasa a ser la de mayor relevancia, acaparando el 5.9% de la partida presupuestaria total. El dato crucial, y la gran revelación del cálculo político, es que esta cifra representa la cuadruplicación de la inversión respecto a 2023.
Este salto no es casual ni puramente técnico. El subte es, históricamente, el motor de capital político de largo plazo en la Ciudad, y la gestión de Jorge Macri pone su ficha en la Línea F. El proyecto, que conectará Barracas con Plaza Italia a través de ocho barrios y cinco comunas, sumando 12 estaciones y un potencial de 300 mil pasajeros diarios, es la promesa que trasciende el ciclo electoral de corto plazo.
El gobierno ha asignado $285.164 millones para las primeras obras, un compromiso que se proyecta por cinco años y cuyo presupuesto total estimado asciende a aproximadamente 1.500 millones de dólares. Al blindar financieramente el inicio de esta mega-obra, el ejecutivo no solo aborda un problema de movilidad, sino que se asegura un ancla de gestión que promete beneficios tangibles en el Sur de la Ciudad y que lo posiciona como un ejecutor de infraestructura.
Además de la Línea F, esta inversión masiva en movilidad garantiza la renovación total de los vagones de la Línea B, la renovación parcial de las líneas A y C, la modernización de la Línea D, y obras vitales como la ampliación de la Autopista Dellepiane y la construcción de tres Pasos Bajo Nivel (García Lorca, Irigoyen y Marcos Sastre). El mensaje es claro: la prioridad ha cambiado; la infraestructura se convierte en el motor visible del presupuesto.
El discurso de “baja presión impositiva” es la narrativa que debe ser descodificada con mayor escepticismo, pues esconde el mecanismo de financiación de la mega-inversión. El ejecutivo ha diseñado un sistema tributario quirúrgico que divide a los contribuyentes en dos grupos, creando un pacto de silencio con la mayoría y una fuente de ingresos robusta y constante para el financiamiento de las obras.
El mecanismo se centra en el Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) a través de la Valuación Fiscal Homogénea (VFH):
El mensaje subliminal a la gran base electoral (el 63%) es: “Sus impuestos solo seguirán a la inflación; no habrá aumento real de la presión impositiva”. En cambio, el 37% restante, propietarios de inmuebles de mayor valor, asume el costo real de la ambición. En un contexto de alta nominalidad, ese 1% mensual adicional se convierte en la previsión financiera clave para el inicio de una obra valuada en dólares. Es la forma en que el gobierno se asegura un flujo de ingresos que sistemáticamente le ganará a la inflación, garantizando así la capacidad de endeudamiento y ejecución de los proyectos a cinco años.
Esta segmentación no solo afecta al ABL. Si bien el Impuesto Inmobiliario se actualizará solo por inflación (tomando el costo de vida de agosto 2025 para la cuota de enero 2026 y así sucesivamente), la diferencia del 1% en la tasa del ABL es el foco de la fricción potencial con el segmento de mayor poder adquisitivo.
Para contrarrestar la crítica de ser un presupuesto de ajuste y suba impositiva (a pesar de su segmentación), el gobierno despliega “sweeteners” estratégicos dirigidos a sectores clave y simbólicos: los pequeños trabajadores y el mercado inmobiliario.
El alivio más notable se produce en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). Se estableció una exención total y una reducción gradual para los trabajadores no profesionales inscriptos en el Régimen Simplificado, un universo de 147.200 contribuyentes. Los servicios básicos como plomería, electricidad y gas, peluquería, y limpieza se benefician con:
Esta medida es un claro guiño a la base social de pequeños oficios, aliviando una carga impositiva en un sector sensible.
En el frente inmobiliario, la medida más significativa es la eliminación del Impuesto de Sellos a los créditos hipotecarios para vivienda única, pasando del 1% al 0%. Esta decisión, aunque de efecto real limitado si no se reactiva el crédito a nivel nacional, es una señalización política potente destinada a incentivar el acceso a la vivienda y alinearse con un discurso de reactivación del mercado. Además, se mantiene la exención del 100% de Sellos para la compraventa de viviendas únicas de hasta $226.100.000, y se reduce la alícuota del 3.5% al 2.7% para la compra de segundas o más viviendas de hasta ese importe.
Finalmente, se mantienen los incentivos para el buen pagador y los sectores vulnerables. Los descuentos del 10% por pago anticipado y 10% por buen cumplimiento se sostienen tanto para ABL como para Patentes. Asimismo, se consolida la exención del 100% de ABL para jubilados y pensionados (85.426 beneficiados) y personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos de Valuación Fiscal Homogénea y que sea vivienda única y permanente.
El análisis de cualquier presupuesto debe centrarse en lo que el comunicado oficial deliberadamente omite. En este caso, el silencio estratégico se sitúa en dos planos: la volatilidad financiera y el costo político de la oposición.
1. El Riesgo de la Bomba de Inversión en Dólares: El proyecto Línea F está tasado en aproximadamente 1.500 millones de dólares. Aunque la partida inicial de $285.164 millones garantiza el puntapié de la obra, la finalización de la construcción a lo largo de los cinco años dependerá enteramente de la estabilidad cambiaria y la capacidad de la Ciudad para mantener el flujo de divisas o de financiamiento indexado. El gobierno no aborda explícitamente el riesgo sistémico de lanzar una obra de tal magnitud en un contexto económico nacional volátil. Un desvío presupuestario en los próximos años o una crisis de financiación obligaría a reajustar los costos, o peor aún, a paralizar el proyecto, lo que tendría un costo político incalculable.
2. El Silencio de los Opositores: La votación registró 21 votos negativos. La fuente lista a quienes se opusieron, entre ellos Mollard, Montenegro (L.), Nagata, Nieto, Ocaña, Parera, Parry, Ramírez, Reta, Rey, Reyes, Romero, Saifert, Santoro, Siciliano, Suárez, Thourte, Villafruela, Barroetaveña, y Bielli. El gobierno, en su relato de “acuerdos” y “diálogo”, pone el foco en los 38 votos a favor, pero no analiza la disidencia.
La lista de opositores sugiere un rechazo amplio que incluye figuras de la izquierda, el peronismo y el radicalismo no alineado. Es relevante entender que estos 21 votos negativos representan la contranarrativa: ¿Se oponen al Presupuesto por la segmentación del ABL, argumentando que el 37% de los porteños está siendo sobrecargado? ¿O se oponen a la priorización del gasto en infraestructura por encima de rubros sociales o de salud?. El silencio oficial sobre los motivos de la oposición es una maniobra para evitar complejizar el debate y enfocar el framing exclusivamente en el mensaje de “equilibrio fiscal”.
3. La Tensión de los Ejes Estratégicos: Si bien la gestión se basa en cinco ejes, la priorización de la Inversión en Obra Pública al 20% podría generar fricciones internas. El Presupuesto prevé obras importantes en Salud (Historia Clínica Electrónica y equipamiento médico de alta complejidad) y Educación (Plan SIGMA para mantenimiento escolar). No obstante, la cuadruplicación de la inversión en Transporte es el elemento disruptivo. La pregunta a monitorear es si la ejecución de los gastos en las áreas de “Cuidado” será tan eficiente como la inversión en la visible obra de subtes.
El Presupuesto 2026 es, en resumen, la formalización de una estrategia política de largo alcance basada en una ingeniería financiera segmentada. La gestión de Jorge Macri utiliza la infraestructura como motor de consolidación, asegurándose un proyecto de cinco años que lo trascenderá.
Las consecuencias a corto y mediano plazo serán tres:
Lo próximo a monitorear será la reacción del 37% ante las primeras boletas de ABL en 2026 y la transparencia en el proceso de licitación y desembolso de los primeros tramos de la Línea F. El Presupuesto 2026 de CABA es una apuesta audaz que utiliza la polarización tributaria para financiar una visión de Ciudad que busca conectar el Sur con la red central. Pero, como en toda gran obra, el costo real siempre se revela en los detalles.
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