¿Qué sucede cuando la macroeconomía de los manuales choca de frente con la realidad de las persianas bajas? Mientras el discurso oficial se concentra en la disciplina fiscal y la baja de la inflación como únicos faros de gestión, en el subsuelo de la economía argentina está ocurriendo una hemorragia que los despachos oficiales no logran —o no quieren— detener. ¿Es posible hablar de reactivación cuando el tejido productivo pierde 30 empleadores cada 24 horas? Cuando el éxito se mide solo en términos financieros, el riesgo es volverse ciego ante una desintegración laboral que, una vez consolidada, tarda décadas en reconstruirse. El reciente informe del Centro CEPA, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), pone nombres, apellidos y sectores a una caída que no discrimina pero que golpea con saña quirúrgica a los eslabones más débiles del sistema.
Los datos crudos de los primeros 23 meses de la gestión de Javier Milei (entre noviembre de 2023 y octubre de 2025) arrojan una fotografía inquietante: la Argentina tiene 21.046 empleadores menos. Esta cifra no es solo estadística; representa proyectos, capital hundido y familias que dejan de aportar al circuito formal. En paralelo, el volumen de puestos de trabajo registrados en unidades productivas sufrió una poda de 272.607 empleos, lo que equivale a la desaparición de 393 puestos de trabajo por cada día de gestión.
Si desglosamos por sectores, el impacto es desigual pero profundo. En términos absolutos y relativos, el sector de “Servicio de transporte y almacenamiento” es el gran perdedor, con una caída del 12,8% en su cantidad de empleadores. Por el lado del empleo, la Administración Pública lidera la pérdida con más de 83.000 puestos menos, mientras que la Construcción, motor histórico de la mano de obra no calificada, registró un derrumbe relativo del 15,6%.
¿Qué nos dice esta dinámica sobre el modelo de poder actual? El gobierno parece haber aceptado una premisa peligrosa: que la recesión es un costo necesario, casi una ceremonia de purificación para eliminar lo que consideran “ineficiencias” del mercado. Sin embargo, los números muestran que la purga está concentrada en un actor clave: el 99,63% de los empleadores que desaparecieron son empresas de hasta 500 trabajadores. Es decir, el ajuste lo están pagando las Pymes, mientras que las grandes estructuras (más de 501 empleados) apenas explican el 0,37% de los cierres de empresas.
Aquí aparece una paradoja que revela el cálculo de intereses: aunque cierran masivamente las Pymes, el 66,8% de la expulsión de trabajadores se focalizó en las grandes empresas. Esto sugiere un doble movimiento. Por un lado, la pequeña empresa directamente baja la persiana porque no aguanta el costo operativo o la caída del consumo. Por el otro, las grandes empresas, con mayor espalda financiera, no cierran, pero ejecutan un ajuste brutal de sus plantillas para mantener márgenes de rentabilidad en un contexto recesivo. El resultado es un mercado laboral más chico, más concentrado y, por definición, menos competitivo.
El impacto real de este escenario es una transformación del tablero político y social. La pérdida de más de 272.000 empleos formales no solo presiona sobre los índices de pobreza, sino que precariza la base de sustentación de la clase media trabajadora. El sector de Transporte y Almacenamiento, el más golpeado en cantidad de empleadores, es el termómetro de la actividad interna; si no hay mercadería que mover, no hay empresas de transporte que sobrevivan.
En la escala porteña y nacional, esto genera una fricción latente. El gobierno celebra el equilibrio fiscal, pero ignora que la base tributaria se está achicando. Menos empleadores y menos trabajadores registrados significan, a mediano plazo, menos recaudación, lo que obligará a un ajuste aún más agresivo para mantener el déficit cero. Es un círculo vicioso donde el “éxito” técnico del ministro de turno se convierte en el fracaso cotidiano del comerciante de barrio o del obrero de la construcción.
Lo que falta deliberadamente en la narrativa oficial es el reconocimiento de que este nivel de destrucción de empleo no es un “rebote” inminente, sino un daño estructural. El gobierno habla de la “libertad” para contratar y despedir, pero guarda silencio sobre el cierre de 20.969 empresas pequeñas y medianas que difícilmente vuelvan a abrir cuando la economía decida, finalmente, arrancar. Hay un silencio estratégico sobre cómo se piensa reconstruir el tejido productivo una vez que la “purga” termine. ¿Quién ocupará el lugar de esas 21.000 empresas? Probablemente, los actores más grandes que logren sobrevivir a la tormenta, profundizando la cartelización de la economía argentina.
La pregunta que queda flotando es: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse una narrativa de éxito financiero sobre un cementerio de persianas bajas? Los indicadores a monitorear en las próximas semanas no son solo el riesgo país o el IPC, sino la capacidad de resistencia de ese 33% de trabajadores que todavía resisten en empresas medianas. El tablero político depende hoy de una variable que no es técnica: la paciencia social ante un goteo que no cesa. Por ahora, los datos de la SRT son un grito en el vacío que el Excel de la Casa Rosada todavía no ha aprendido a escuchar.
Pocas cosas mas divertidas que hacer planes con gente querida y cerca de casa, la…
Mientras más de 2.500 alumnos disfrutaron de talleres ambientales durante enero, el Ministerio de Educación…
Llegando a febrero la ciudad tona impulso y continua desplegando ideas y planes para hacer,…
El ruido de los motores está por cambiar en el barrio. La Ciudad ha puesto…
En una ciudad que nunca se detiene, recuperar el hábito de caminar y reconocer el…
El Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en el corazón de Villa Urquiza, se consolida…