El Gran Hermano libertario: Por qué Milei quiere ver todo, todo el tiempo
¿Para qué necesita un gobierno que llegó con la promesa de “desarmar el Estado” construir el sistema de vigilancia más ambicioso y centralizado de las últimas décadas? Esa es la pregunta que flota en el aire tras la publicación del DNU 941/2025 y el Decreto 864/2025. Mientras la discusión pública suele perderse en el cambio de nombres —de la AFI de nuevo a la SIDE—, lo que se firmó entre gallos y medianoche es una reingeniería profunda del poder. No es solo una mudanza de oficinas; es la creación de un sistema de “aspiradora de datos” que borra las fronteras entre la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos
La arquitectura del nuevo “ojo” estatal
Formalmente, el Gobierno aprobó la “Política de Inteligencia Nacional” y reformó la Ley 25.520. Bajo el mando de la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), se despliegan ahora cuatro órganos con nombres técnicos pero funciones inquietantes: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
Pero el verdadero cambio estructural, lo que los especialistas ya llaman “la gran red”, es la creación de dos nuevas estructuras: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN). Aquí es donde el análisis debe detenerse. Por primera vez, se crea un puente legal y permanente para que la SIDE dirija y reciba información directa de organismos que, en teoría, nada tienen que ver con el espionaje: el RENAPER (nuestros datos de identidad), Migraciones, la Aduana (ARCA/ex-AFIP), y hasta la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
El análisis de intenciones: ¿Seguridad o Big Data político?
¿Por qué ahora y por qué de esta manera? El Gobierno justifica este despliegue por la “configuración internacional difusa” y la necesidad de “jerarquizar” la defensa de los intereses argentinos. Sin embargo, el timing y la forma —un Decreto de Necesidad y Urgencia que saltea el debate en el Congreso— sugieren otra cosa.
Lo que estamos viendo es una centralización absoluta de la información estratégica. Al integrar a la CIFN, la SIDE ya no necesita pedir permiso o esperar tiempos burocráticos para saber quién entra al país, cuánto gasta o qué propiedades tiene un ciudadano; ahora es el “órgano rector” que coordina ese flujo de información.
Además, hay un retroceso sensible en los controles. El artículo 1 del DNU establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por defecto para “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. Bajo esta etiqueta, el velo de opacidad sobre los gastos reservados y los procedimientos operativos se vuelve casi total. ¿Quién controla lo que, por definición, es secreto desde su origen?
Los ganadores y las zonas grises
En este nuevo tablero, hay un ganador claro: la estructura de inteligencia civil bajo mando directo de la Presidencia. En el camino, se desmanteló la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, concentrando todo lo militar en el Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO) bajo supervisión de la SIDE. Es, en los hechos, un recorte de poder a la cartera de Defensa para dárselo a los “señores del secreto” de Balcarce 50.
Pero el punto que debería encender todas las alarmas es el artículo 19 del DNU. Allí se faculta al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia o auxilio judicial. Históricamente, se buscó separar la inteligencia (que analiza información) de la policía (que detiene personas). Al licuar esta diferencia, el espía vuelve a tener, legalmente, un pie en la calle con facultades represivas.
Lo que no se dice: El silencio de la privacidad
Lo que falta deliberadamente en esta montaña de decretos es la palabra “privacidad”. El texto dice que se respetarán los datos personales y las garantías constitucionales, pero acto seguido crea mecanismos de “trazabilidad” controlados por la propia SIDE.
No se menciona quién auditará de forma independiente que los datos del RENAPER o de ARCA no se usen para disciplinar opositores o perfilar ciudadanos incómodos. El eufemismo de “Medidas de Seguridad de Contrainteligencia” es lo suficientemente amplio como para justificar casi cualquier intervención en el Sector Público Nacional bajo la excusa de evitar “influencia o injerencia externa”.
Cierre abierto: Un tablero en movimiento
El sistema de inteligencia argentino ha tenido, en los últimos veinte años, más sombras que luces. Este Gobierno dice venir a “revalorizar” las instituciones, pero lo hace multiplicando las agencias, los cargos con rango de Secretario y la capacidad de absorber datos de la vida civil.
Habrá que monitorear dos cosas en las próximas semanas: primero, si la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso tiene el peso político para cuestionar este DNU; y segundo, cómo se implementarán los convenios con las provincias para que sus bases de datos también alimenten a la “Comunidad” de la SIDE.
Cuando el Estado dice que necesita saber todo sobre vos para protegerte de amenazas invisibles, la pregunta no es qué está buscando, sino quién vigila al vigilante. El ojo de la SIDE está más abierto que nunca; la pregunta es si nosotros, como ciudadanos, estamos dispuestos a parpadear.
