¿Cuánto tiempo puede sostenerse una narrativa de éxito macroeconómico si el suelo que pisan los trabajadores y las pymes se está agrietando? Mientras el Gobierno nacional celebra la baja de la inflación y el orden fiscal como victorias definitivas, los datos fríos de la realidad productiva cuentan una historia mucho más áspera. No es solo una estadística; es el desmantelamiento silencioso del tejido que sostiene la clase media argentina. Cuando uno mira los números del empleo registrado en los últimos dos años, surge una pregunta inevitable: ¿es este el costo necesario de una transformación o estamos viendo una erosión estructural que tardará décadas en recuperarse? La “motosierra” no solo cortó gastos; parece estar cortando los lazos que unen a miles de argentinos con el mercado laboral formal.
El mapa de la contracción
Formalmente, el panorama que arroja el análisis de la dinámica laboral entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 es desolador. En apenas 24 meses de gestión de Javier Milei, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 a 490.419. Esto significa que 21.938 empresas desaparecieron del mapa formal; un promedio de 30 cierres por día. El impacto no fue uniforme: el sector de Transporte y Almacenamiento fue el más golpeado, perdiendo más de 5.200 empleadores (una caída del 13,3%), seguido por el comercio y los servicios inmobiliarios.
En términos de puestos de trabajo, la sangría es de 290.600 empleos registrados menos en unidades productivas, lo que equivale a la destrucción de 400 empleos diarios. Si sumamos al sector de casas particulares, que perdió casi 27.000 puestos, el empleo privado registrado total sufrió una baja de 317.392 personas. El sector más castigado en términos de dotación fue la Construcción, con una caída relativa del 15% en sus trabajadores.
El costo de la purga
¿Por qué estamos viendo este derrumbe? Hay que decodificar la lógica oficial. El Gobierno parece haber aceptado una “recesión necesaria” como herramienta de estabilización, pero el cálculo político detrás de esta decisión es arriesgado. El sector público lidera la pérdida de empleos con 130.149 bajas, producto del ajuste directo del Estado. Sin embargo, la industria manufacturera y la construcción le siguen de cerca con 73.000 y 71.000 empleos perdidos, respectivamente. Aquí es donde el discurso del “crecimiento” choca con la realidad del mercado interno.
Lo más revelador es a quién afecta esta crisis. El 99,63% de las empresas que cerraron son aquellas con hasta 500 trabajadores, es decir, el corazón de la pequeña y mediana empresa argentina. No obstante, hay un dato que el oficialismo suele omitir: la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte. El 67,67% de la caída total del empleo registrado —casi 197.000 puestos— se produjo en empresas con más de 500 empleados. Esto sugiere que, mientras las pymes cierran por asfixia, las grandes corporaciones están “limpiando” sus plantillas ante la caída de la demanda.
Ganadores y perdedores del nuevo tablero
El impacto real de estas cifras es una precarización galopante. Un ejemplo cristalino es el sector de trabajadores en casas particulares, que funciona como un termómetro sensible de la economía: perdió 36 puestos por día. Cuando los hogares ajustan, lo primero que se corta es este servicio, o peor aún, pasa a la informalidad (“trabajo en negro”) para no perder el ingreso.
En este escenario, el tablero político se resquebraja. Los “ganadores” visibles son sectores muy específicos como la Explotación de minas y canteras o el suministro de electricidad y gas, que mostraron leves subas en la cantidad de empleadores o empleados, pero que no tienen la capilaridad necesaria para compensar el desierto que está dejando la construcción o la industria. El riesgo es que la Ciudad y el país terminen con una economía de enclaves, donde unos pocos sectores brillan mientras el resto de la estructura productiva se marchita.
La sombra de la informalidad
Lo que falta deliberadamente en la narrativa oficial es qué sucede con esos 290.000 trabajadores que salieron del sistema formal. El Gobierno no habla de la precarización. El silencio sobre el aumento del trabajo no registrado es estratégico: les permite sostener un equilibrio fiscal “exitoso” ignorando el costo social de la pérdida de derechos laborales y la caída del consumo. Tampoco se menciona que el cierre de pymes es, en muchos casos, irreversible; una empresa que baja la persiana no suele reabrir con la misma velocidad con la que el mercado “rebota”.
¿Hacia una recuperación sin empleo?
La pregunta que queda flotando es si estamos ante una transición hacia un modelo más eficiente o simplemente ante una economía que se achica. Los indicadores a monitorear en los próximos meses serán los desembolsos reales y la reactivación del consumo interno. Si la inflación sigue bajando pero el empleo formal no deja de sangrar, la “paz” fiscal será la paz de los cementerios productivos.
¿Podrá el mercado privado absorber la masa de trabajadores que el Estado y la gran empresa están expulsando, o estamos viendo el nacimiento de una nueva capa de exclusión estructural en la Argentina? La respuesta no está en los gráficos de Excel del Ministerio de Economía, sino en la capacidad de esas 30 empresas diarias de volver a encender sus luces.
