¿Es posible que un plan económico sea neutral cuando sus principales variables de ajuste recaen sobre el sector más precarizado de la sociedad? Cuando el Gobierno Nacional habla de “sostenibilidad” para vetar una moratoria previsional, pero simultáneamente crea fondos de asistencia laboral que cuestan cuatro veces más, la pregunta deja de ser técnica para volverse profundamente política. El informe de cierre de 2025 y las proyecciones para 2026 revelan una realidad incómoda que el discurso oficial prefiere omitir: en la Argentina de Javier Milei, la pobreza tiene cara de mujer y la riqueza está blindada en manos masculinas. ¿Estamos ante un reordenamiento de las cuentas públicas o ante un desmantelamiento sistemático de los derechos que permitían equilibrar la cancha?
La radiografía del desequilibrio
Lo que los números muestran al tercer trimestre de 2025 es una brecha que no solo no se cierra, sino que se profundiza bajo el peso del ajuste. La tasa de actividad femenina se estancó en un 52,6%, lo que representa una distancia abismal de 17,5 puntos respecto a los varones. Esta no es una elección de vida, sino un condicionante estructural: las mujeres destinan hoy tres horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que sus pares varones.
Esa “falla de origen” en el uso del tiempo se traduce en una feminización de la pobreza alarmante: las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos en el país, un incremento respecto al 61,4% del año anterior. En el otro extremo, la riqueza se masculiniza: el 63% del decil superior son varones. Mientras el Gobierno redujo a su mínima expresión el impuesto a los Bienes Personales —donde las mujeres son minoría tributaria—, el peso del ajuste fiscal se desplaza hacia los sectores donde ellas son mayoría.
Presupuesto 2026: El fin de las políticas de cierre de brechas
El diseño del Presupuesto 2026 no deja lugar a interpretaciones: el desmantelamiento iniciado en 2024 se ha consolidado. 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género fueron ajustados o eliminados. La estrategia oficial parece ser la de “contención mínima”: se registra un crecimiento real en la Asignación Universal por Hijo (AUH) del 74,6% y en el Plan 1000 Días del 360%, pero se eliminan las herramientas que permiten la autonomía económica.
Es una trampa de dependencia. Se aumenta el subsidio de supervivencia mientras se borran del mapa programas como Registradas (que fomentaba el empleo formal en casas particulares) o Potenciar Trabajo. En el sector de trabajo doméstico, donde el 98,8% son mujeres, la realidad es brutal: se perdieron más de 22.000 puestos de trabajo en dos años y el salario real se desplomó un 35,2%.
El área de salud y protección tampoco escapó a la motosierra. La Educación Sexual Integral (ESI) fue virtualmente desmantelada con una caída del 98% en su crédito presupuestario. Más grave aún es el retroceso en la protección contra la violencia: los programas de asistencia sufrieron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023. El dato que mejor ilustra este repliegue del Estado es la Línea 144: la cantidad de personas asistidas cayó un 90%, y las metas físicas para 2026 proyectan seguir reduciendo este servicio esencial.
Flexibilidad que castiga el cuidado
La reforma laboral aprobada en febrero de este año terminó de configurar un escenario de vulnerabilidad para la trabajadora. Uno de los puntos más críticos es el “Banco de Horas”, que permite compensar horas extras con tiempo de descanso en lugar de pagarlas. Para un varón sin cargas de cuidado, puede ser un beneficio; para una mujer que debe gestionar la logística familiar, esto genera una incertidumbre horaria que vuelve imposible la planificación de las tareas domésticas.
Además, la reforma eliminó la posibilidad de que una trabajadora despedida por embarazo reclame su reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada. Al mismo tiempo, el período de prueba para las trabajadoras de casas particulares se extendió de 15 días a 6 meses, otorgando una discrecionalidad total al empleador en el sector más feminizado de la economía.
El costo de los silencios
Lo que la narrativa oficial oculta bajo el argumento de la “sostenibilidad” es una flagrante inconsistencia fiscal. El Gobierno vetó la extensión de la moratoria previsional alegando que no había fondos, condenando a 9 de cada 10 mujeres a no poder jubilarse nunca y quedar relegadas a la PUAM (que paga un 20% menos y exige cinco años más de edad). Sin embargo, el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con rebajas de contribuciones patronales, tiene un costo fiscal de 4,6 veces el valor de esa moratoria vetada. Es, en términos llanos, una transferencia directa de recursos desde el sistema previsional —que sostiene a las mujeres— hacia el capital concentrado.
Otro silencio estratégico rodea a la obra pública. Al paralizarla totalmente, el Gobierno eliminó los programas de infraestructura del cuidado. Para 2026, no se proyecta construir un solo jardín de infantes en todo el país. Sin jardines, no hay posibilidad de inserción laboral para las madres de los sectores más pobres, cerrando un círculo vicioso de exclusión que la AUH apenas logra maquillar.
Un tablero quebrado
La pregunta que queda flotando para los próximos meses es cuánto tiempo podrá sostenerse la paz social mediante la inyección de fondos en la AUH mientras se destruyen los cimientos de la autonomía femenina. Con una informalidad laboral que ya alcanza el 38% en mujeres y una brecha de ingresos que llega al 40% en el sector informal, el modelo actual parece estar fabricando una pobreza estructural difícil de revertir.
¿Es el déficit cero un objetivo técnico o un pretexto para reconfigurar el contrato social en perjuicio de quienes históricamente han sostenido el trabajo invisible del país? Los indicadores de 2026 serán el juez definitivo de un experimento económico que, por ahora, solo parece garantizar que el costo de la crisis tenga, mayoritariamente, nombre de mujer.
