El modelo Macri de Ciudad 2026

¿Es posible forzar a alguien a ser “rescatado”? Cuando un Jefe de Gobierno utiliza la palabra “humanidad” para proponer que la asistencia social deje de ser opcional y pase a ser obligatoria, la frontera entre el derecho a la vida y el control del espacio público se vuelve peligrosamente borrosa. El mensaje de Jorge Macri en la apertura de las sesiones ordinarias no fue solo un balance de gestión; fue el lanzamiento de una doctrina de “orden” que busca blindar a la Capital frente a lo que él llama la “catástrofe” del Conurbano. Pero detrás de la promesa de veredas limpias y escuelas con Inteligencia Artificial, hay un cálculo político que mira tanto a la Casa Rosada como a la gobernación de La Plata.

La hoja de ruta: De la “Antitrapitos” al Subte F

Formalmente, Macri presentó un ambicioso plan de metas para 2026 apoyado en tres pilares: seguridad, infraestructura tecnológica y orden fiscal. En lo fáctico, los números que maneja el Ejecutivo porteño son robustos. El Jefe de Gobierno anunció que la Ciudad opera con el nivel de deuda más bajo de los últimos 12 años y que, pese a la crisis nacional, se han eliminado impuestos para 150.000 trabajadores y 89.000 jubilados.

Sin embargo, el núcleo duro de su discurso estuvo en la calle. Macri pidió a la Legislatura la aprobación de la Ley “Antitrapitos” y la Ley de Vandalismo (“Rompe Paga”), buscando que destruir bienes públicos o extorsionar a vecinos tenga consecuencias penales y no solo contravencionales. En materia de transporte, lanzó la licitación de la Línea F de Subte —la primera línea nueva en un cuarto de siglo— y la construcción de un TramBus eléctrico, intentando recuperar una agenda de obras que estuvo congelada durante años.

Análisis de intenciones: El enemigo está en la General Paz

¿Por qué Jorge Macri decidió subir el tono contra la provincia de Buenos Aires justo ahora? El dato de que 7 de cada 10 personas en situación de calle vienen del Conurbano no fue un comentario al pasar; fue un proyectil teledirigido a Axel Kicillof. Al culpar a la Provincia por la falta de paradores y la “exportación” de su crisis social, Macri construye un muro simbólico. Su intención es clara: posicionarse como el garante de un “estilo de vida porteño” que se siente amenazado por el desorden de los municipios vecinos.

Lo mismo sucede con la propuesta de impedir que la gente viva en la calle, emulando el modelo uruguayo de José Mujica. Macri argumenta que la libertad no existe para quien es “preso de sus adicciones”. Es una jugada audaz: utiliza un referente de izquierda para justificar una política de orden que su propio electorado de derecha reclama. Al exigir cambios en la Ley Nacional de Salud Mental, Macri no solo busca herramientas operativas; está señalando al Gobierno Nacional y a su “comisión ideologizada” como los responsables de que la Ciudad tenga 1.800 personas que hoy rechazan la ayuda y permanecen en las veredas.

En términos de comunicación política, el Jefe de Gobierno está operando una triangulación:

1. Con el vecino: Le promete orden y seguridad (4.000 policías más, 17.000 cámaras) frente a la “minoría violenta”.
2. Con Kicillof: Lo señala como el generador del caos social que la Ciudad debe “limpiar”.
3. Con Milei: Le reclama la coparticipación adeudada, recordándole que el “esfuerzo porteño” tiene un límite si la Nación no paga lo que debe.

Consecuencias: Ganadores y perdedores de la “Ciudad Ordenada”

El impacto de este enfoque ya se siente en los números. La reducción del 90% de chicos en situación de calle y el inicio de clases de 384 niños que viven en paradores son victorias reales de gestión que fortalecen su narrativa de eficiencia. Los ganadores visibles son los sectores comerciales y turísticos, beneficiados por los 13 megaoperativos contra manteros que liberaron 68 kilómetros de veredas.

Pero el riesgo es la estigmatización de la pobreza. Al englobar en una misma categoría a los “piquetes, manteros y delincuentes”, el discurso oficial corre el riesgo de criminalizar la exclusión. Si la Legislatura otorga el poder de retirar a personas de la calle por la fuerza, la Ciudad entrará en una zona gris de judicialización constante. Además, la prioridad de atención para porteños en hospitales y el cobro a extranjeros es una medida de alto impacto mediático, pero cuya efectividad económica real es marginal comparada con el presupuesto total de salud.

Lo que no se dice: El silencio de la billetera

Lo que Macri omitió deliberadamente es cómo sostendrá este nivel de inversión en salud (la más grande de la historia en 2025) y en obras como la Autopista Dellepiane si el conflicto por la coparticipación no se resuelve. El “orden fiscal” que presume el Ejecutivo depende, en gran medida, de que la Nación deje de pisar los fondos. Hay un silencio estratégico sobre qué pasará si el Gobierno Nacional de Javier Milei, socio político pero rival por los recursos, decide mantener la deuda.

Tampoco se menciona el costo real de las “Casas de salud mental” que se construirán con Bloomberg Philanthropies. Depender de filantropía internacional para resolver una “catástrofe” social propia revela que el sistema público, por sí solo, no está logrando dar respuesta a la complejidad de las adicciones en la calle.

Cierre abierto: ¿Promesa o realidad?

Jorge Macri cerró su discurso con una frase que suena a eslogan de campaña anticipada: “Saben que lo que decimos, sucede”. Sin embargo, la verdadera prueba no estará en las escuelas bilingües con IA en Barracas, sino en las veredas del Microcentro. ¿Logrará la Ciudad que esas 1.800 personas que hoy “rechazan la ayuda” se reinserten, o simplemente las desplazará hacia la periferia?

El indicador a monitorear en los próximos meses no serán las cámaras de seguridad, sino el avance de la Ley de Salud Mental en el Congreso Nacional. Si la ley no cambia, el plan de Macri de “rescatar” por la fuerza a quienes viven en la calle será solo una expresión de deseos o, peor aún, una batalla legal que la Ciudad difícilmente pueda ganar.

Agenda de Gestión y Resultados (Balance 2025 – Metas 2026)