Cuando el debate público se centra en la estabilidad macroeconómica y el superávit fiscal, el informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) hasta noviembre de 2025 ofrece una radiografía brutal de lo que cuesta el ajuste en la vida real. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha puesto sobre la mesa una cifra que funciona como epítome del modelo: durante los primeros once meses de 2025, el gasto total de la APN registró una caída real del orden del -32% respecto a 2023, consolidando un ajuste significativo en prácticamente todas las áreas sensibles de la administración. La pregunta que sobrevuela la lectura de estos números fríos no es cuánto se ahorró, sino qué Estado queda en pie después de este recorte.
La decisión de comparar la ejecución de 2025 con 2023—evitando el “efecto base” del año intermedio, marcado por la dinámica inflacionaria que dificulta el trabajo con montos nominales—busca medir el impacto real de la contracción estatal. El resultado es un mapa de recortes generalizados que golpean desde la seguridad social hasta la infraestructura y la investigación científica. Sin embargo, el análisis de las intenciones detrás del presupuesto revela una geometría de gasto que es cualquier cosa menos uniforme: mientras la tijera opera con saña sobre programas sociales esenciales, hay un sector que no solo se salva, sino que ve crecer sus recursos de manera ostensible.
La Contradicción Programática: El Ajuste y el Secreto
La principal inconsistencia que arroja el informe es la divergencia entre el derrumbe del gasto social y la inversión en áreas de control político. Mientras el gasto total de la APN se desploma en un 32%, la ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, experimenta un incremento del 26% respecto a 2023. Este es un dato que subraya una prioridad política: la contracción del Estado prestacional (salud, educación, infraestructura) viene acompañada por un fortalecimiento del Estado de vigilancia y control.
A su vez, el peso de los Servicios de Deuda Pública se mantiene como una variable dominante, insumiendo el 9% del gasto total, la segunda función con mayor incidencia después de la Seguridad Social (56%). Si bien esta función también registró una caída real (-36%), su relevancia estructural evidencia que la austeridad no toca el núcleo financiero del país.
El Ministerio de Capital Humano, una de las jurisdicciones más grandes, refleja las caídas dramáticas en sus componentes. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registra una disminución del 72%, mientras que la Secretaría de Educación sufre un recorte del 50%. Este es el andamiaje ministerial que sostiene las políticas de protección social y formación básica.
El Desmantelamiento de la Ciencia y la Infraestructura
El recorte presupuestario en Ciencia y Tecnología parece apuntar a una virtual paralización del sector. El programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una caída del 83%. Organismos fundamentales para la soberanía tecnológica y el desarrollo estratégico sufren recortes profundos: el CONICET cae un 32%, al igual que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE -32%) y el Servicio Geológico Minero Argentino (-32%). Se suman a esta lista el Servicio Meteorológico Nacional (-36%) y la Fundación Miguel Lillo (-27%). Este patrón de ajuste refleja una intención política de desfinanciar la estructura de investigación pública, afectando la Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya función presupuestaria total cae un 45%.
Si la ciencia está en colapso, la Obra Pública está directamente en terapia intensiva. El informe habla de una “ejecución extremadamente baja”, con programas que han llegado a una caída del 100%. La parálisis afecta a áreas críticas de infraestructura y desarrollo urbano.
Los programas más afectados incluyen:
- Infraestructura en Municipios: -100% de ejecución.
- Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación: -98,5%.
- Construcción de Túneles y Puentes Grandes: -94,9%.
- Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional: -95,2%.
- Desarrollo de Obra Pública: -93,3%.
- Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo: -92,2%.
Incluso la Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios se reduce en un 74,4%. Esta decisión política de paralizar la infraestructura no solo implica detener proyectos, sino eliminar la principal palanca de inversión pública y empleo, lo que consecuentemente explica la fuerte disminución en la función de Transporte (-62,4%) y los Servicios Económicos en general (-66%).
El Costo Social del Ajuste: De los Niños a la Educación
La contención social y el futuro educativo son los frentes más golpeados por la tijera presupuestaria.
En Educación, los recortes buscan borrar programas insignia y afectar el financiamiento de la base del sistema:
- Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que buscaba nivelar salarios, cayeron un 100% al no registrar ejecución.
- El Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó un 89%.
- Becas y Gestión Estudiantil y Acciones de Formación Docente se redujeron en un 78%.
- El financiamiento universitario, bajo Desarrollo de la Educación Superior, retrocedió un 30%.
La caída total de la función Educación y Cultura es del 49%.
En Desarrollo Social, los programas esenciales para la población vulnerable se desvanecen:
- El Plan Nacional de Protección Social y la Economía Social no registraron ejecución, cayendo un 100%.
- El Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia se redujo un 90%.
- Comedores Comunitarios y Merenderos cayeron un 64%.
- La Prestación Alimentar registra una disminución del 32% en términos reales.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió una disminución del 72% en su ejecución, reflejando una desatención profunda en el sector.
Incluso en la Seguridad Social, que insumió el 56% del gasto total, el organismo clave, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), sufrió una caída del 12%. Las Prestaciones Previsionales retrocedieron un 11%. Las Transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados (que incluyen al PAMI) cayeron un dramático 49%. La única excepción positiva aquí son las Asignaciones Familiares, que aumentaron un 17%.
El Ajuste en Salud: Menos Prevención, Más Incertidumbre
En materia de Salud, los recortes no solo afectan la gestión central sino también la capacidad regulatoria y hospitalaria. El Ministerio de Salud, aunque globalmente registró un incremento del 10.2% en su función presupuestaria, tiene un mapa interno de ajustes que genera alta preocupación.
Los ajustes más notorios son:
- Superintendencia de Servicios de Salud: -72%.
- Hospitales nacionales (en promedio): Caídas de entre -30% y -42%.
- Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte: -41%.
- Instituto Malbrán: -24%.
- ANMAT (regulador de medicamentos): -28%.
- Instituto Nacional del Cáncer: -73%.
Programas críticos de prevención y atención fueron virtualmente paralizados (100% de caída), incluyendo Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas cayó un 88%.
La única luz en el sector es el aumento del 25% en el programa Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica y el incremento del 28% en la ejecución del INCUCAI, el organismo de donación y trasplante de órganos. Estos incrementos puntuales sugieren una focalización en la provisión directa de insumos críticos (medicamentos) y la protección de organismos vitales de alto perfil (INCUCAI), mientras que la estructura regulatoria, de prevención y hospitalaria sufre un desangramiento.
El Desangramiento Productivo y la Seguridad Reducida
El ajuste también golpea al corazón del desarrollo productivo y la regulación económica. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo experimentó la caída más pronunciada, con un recorte del 78%. Le siguen el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI -43%) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA -39%).
En el sector energético, a pesar de las referencias presidenciales a un supuesto “Plan Nuclear Argentino,” la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) sufrió un ajuste del 42%. Los entes reguladores también vieron disminuir sus fondos: ENRE (-20%) y ENARGAS (-30%). El Organismo Regulador de Seguridad de Presas, cuya disolución ha generado alarma entre especialistas, sufrió un recorte del 32%.
Incluso los organismos de defensa y seguridad han sido afectados, aunque no con la misma severidad que las áreas sociales. Las fuerzas federales registran caídas sustanciales: Policía Federal Argentina (-31%), Gendarmería Nacional (-29%) y Prefectura Naval Argentina (-28%). Las Fuerzas Armadas también se redujeron: Ejército Argentino (-19%), Armada Argentina (-20%) y Fuerza Aérea Argentina (-22%). La única dependencia del sector que incrementa su ejecución es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (+20,2%).
Lo No Dicho: La Desconexión con los Municipios
En la narrativa oficial del ajuste, rara vez se menciona el costo político de descargar la crisis sobre las provincias y municipios. Los datos de ejecución presupuestaria son categóricos: la transferencia de recursos a los niveles subnacionales fue virtualmente eliminada.
Programas críticos como la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires registraron una caída del 100%. La Asistencia Financiera a Entes de la Secretaría de Obras Públicas retrocedió un 93%, y las destinadas a la Secretaría de Energía cayeron un 80%.
Lo que el comunicado gubernamental omite es que la eliminación casi total de estas transferencias no es solo una medida de austeridad, sino un mecanismo de presión política y una forma de forzar a las administraciones locales a asumir costos que históricamente compartían, profundizando la crisis de caja en los distritos.
Consecuencias: ¿Política de Estado o Emergencia Permanente?
La Administración Pública Nacional está inmersa en una fuerte reducción del gasto público. El patrón es claro: se preservan algunos programas focalizados (medicamentos, Asignaciones Familiares, Inteligencia) y se desmantelan las capacidades estatales transversales (infraestructura, ciencia, educación y prevención en salud). La magnitud de estos recortes en programas de alto impacto social y productivo plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de políticas esenciales en un contexto económico adverso.
El gobierno está operando bajo una estrategia de contracción total del Estado desarrollista y social, priorizando el resultado fiscal por encima de la continuidad de políticas públicas esenciales. La fuerte caída en la ejecución de Vivienda y Urbanismo (-99%), Agua Potable y Alcantarillado (-92%) y Comunicaciones (-82,3%) demuestra que esta política ha tocado a fondo los servicios básicos y la conectividad.
La pregunta que queda abierta es si este ajuste —caracterizado por la paralización de programas clave y el desfinanciamiento de la base científica, productiva y de infraestructura— es sostenible a mediano plazo, o si la desconexión entre la prioridad fiscal y el colapso funcional del aparato estatal terminará por generar una crisis social y de gestión que supere el éxito del balance presupuestario. Los números están devengados, pero las consecuencias recién empiezan a sentirse.
