BUENOS AIRES/LA PLATA – Diversas organizaciones de derechos humanos y personas con discapacidad han presentado un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la restitución inmediata de más de 111.000 pensiones no contributivas por “invalidez laboral” que fueron suspendidas de manera arbitraria en los últimos meses.
La acción judicial, interpuesta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), un grupo de personas con discapacidad, la Asociación Azul y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y patrocinada por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, sostiene que la medida estatal ha violado el debido proceso, el derecho de defensa y los principios de no regresividad en materia de derechos humanos.
Más de 111.000 Suspensiones Basadas en Ausencia a Auditoría
Según la información oficial del Jefe de Gabinete, las suspensiones se fundamentaron en la no asistencia de los titulares a una auditoría que el organismo está llevando a cabo. La ANDIS aplicó para ello las causales de suspensión introducidas en septiembre de 2024 al Decreto 432/97, que penalizan cuando las citaciones “no pudieran ser entregadas por inconsistencias en los datos del domicilio” o por “causales imputables al destinatario”.
Las organizaciones denunciantes señalan que estas causales no existían anteriormente y fueron incorporadas a la normativa de forma simultánea al inicio del proceso de control, sin una adecuada difusión para que las personas conocieran la nueva obligación.
Graves Irregularidades en el Proceso de Citación
La demanda destaca que el proceso de control “exhibió graves irregularidades“. La única vía utilizada para citar a las personas fue el envío de cartas documento, un medio que califican como inaccesible y que desconoce la situación estructural de vulnerabilidad del colectivo.
De acuerdo a la propia información gubernamental, el 50,6% del total de cartas enviadas no pudieron ser entregadas. A pesar de este elevado porcentaje de fallas en la notificación, el organismo avanzó con las suspensiones de las prestaciones.
Además, se indica que la quita se realizó sin informar de manera clara y accesible las causales específicas a cada titular, vulnerando su derecho de defensa. En muchos casos, las personas se enteraron de la suspensión recién al no recibir el cobro.
Violación de Derechos Fundamentales y Petición a la Justicia
El amparo solicita al Juzgado nro. 4 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de La Plata que condene a la ANDIS a restituir de forma inmediata las pensiones.
Entre los argumentos centrales de la presentación, se señala que la conducta estatal viola los derechos a la protección social, a la salud y a la vida independiente de las personas con discapacidad. También se argumenta que la causal de suspensión vinculada al domicilio resulta inconstitucional por ser irrazonable.
La demanda pide además que, en caso de continuar con la auditoría, se ordene a la ANDIS adoptar mecanismos de citación adecuados y accesibles, con los apoyos y ajustes necesarios para garantizar la participación y la debida información de los beneficiarios.
Las organizaciones enfatizan que estas pensiones son un ingreso fundamental para la subsistencia y que su eliminación arbitraria “profundiza la situación de vulnerabilidad y pone en riesgo el derecho a vivir con dignidad”. La decisión sobre este “avasallamiento constitucional” queda ahora en manos del Poder Judicial.
